Breve biografía
(Río Gallegos, 1950) Político argentino. Néstor Carlos Kirchner Ostoic nació en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz (Patagonia), el 25 de febrero de 1950, hijo de Néstor Carlos, descendiente de inmigrantes alemanes y funcionario de Correos, y de María Ostoic, de una familia de origen croata instalada en Punta Arenas (Chile).Miembro de la Juventud Peronista, estudió derecho en la Universidad Nacional de La Plata y en 1975 se casó con la también militante justicialista Cristina Fernández. Ambos formaron parte de la corriente izquierdista que apoyó a los Montoneros en los años turbulentos que precedieron al golpe de estado militar que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón.
En 1976 recibió el título de abogado y regresó a Río Gallegos para ejercer la profesión, junto con su esposa, en un gabinete jurídico. Funcionario de la administración de la provincia de Santa Cruz, a fines de 1983 fue designado presidente de la Caja de Previsión Social de Río Gallegos. Durante los siete años tenebrosos de dictadura militar (1976-1983) se mantuvo aparentemente alejado de la política, aunque fue encarcelado en una ocasión por motivos que no especifica su biografía oficial. Gobernador de Santa Cruz En las elecciones municipales de septiembre de 1987, como candidato peronista, fue elegido intendente (alcalde) de Río Gallegos. Dado el éxito de su gestión, fue promovido por el Partido Justicialista a candidato para la gobernación de la provincia, cargo para el que fue elegido con el 61 % de los votos el 8 de septiembre de 1991. Como gobernador aplicó una política neokeynesiana expansionista, de fuertes inversiones públicas, en contraste con la estrategia neoliberal y antiinflacionista del presidente de la República, el también peronista Carlos Saúl Menem, por lo que se ganó una reputación de político de centroizquierda dentro del variopinto conglomerado justicialista. Reformó en dos ocasiones la Constitución provincial para que el gobernador pudiera ser elegido sin límite de mandatos. También aumentó el número de jueces del Tribunal Supremo provincial y sus protegidos se jactaron de haber amordazado a la prensa local. Mientras sus partidarios ensalzaban su eficaz gestión, sus adversarios lo acusaban de haber gobernado la provincia como un feudo, en el que todas las fuentes de riqueza y trabajo estaban en manos del gobernador y su clientela (más del 40% de los trabajadores son empleados públicos).
Cuando fue elegido gobernador, en 1991, Kirchner recibió 630 millones de dólares de indemnización del gobierno federal, tras un juicio sobre los royalties financieros, a los que se añadieron otros 420 millones de dólares procedentes de las plusvalías generadas por la venta de las acciones que la provincia poseía en la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), adquirida por la española Repsol. Durante varios años, los legisladores de Santa Cruz reclamaron inútilmente precisiones sobre el montante exacto de ese patrimonio o botín provincial. Presionado por la prensa en la campaña electoral, Kirchner informó el 13 de mayo de que 531 millones de dólares se encontraban depositados en varias cuentas bancarias de Suiza y Luxemburgo. El presidente Eduardo Duhalde se decantó explícitamente por Kirchner como candidato peronista y logró que el congreso del partido aprobara su estrategia de suspender la elección primaria y trasladar la liza de todos los aspirantes a la misma elección presidencial. Una maniobra destinada a impedir que Menem se alzara con la candidatura, pese al fallo de un juez federal con competencia electoral que prohibió la reforma de los estatutos del Partido Justicialista. En sus proclamas electorales, Kirchner se presentó como adalid del ala izquierda del peronismo, reformista sin ambages y resuelto adversario del sistema neoliberal de sus predecesores. También prometió mantener en el cargo al ministro de Economía, Roberto Lavagna, al que se atribuía la ligera mejoría económica de los primeros meses de 2003. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 27 de abril, el gobernador de Santa Cruz quedó en segundo lugar, con el 22% de los votos, detrás del también peronista Carlos Saúl Menem, que logró el 24%. Tras los de la provincia de Santa Cruz (60%), Kirchner obtuvo sus mejores resultados en la provincia de Buenos Aires (40 % de la población), gracias al apoyo decidido del presidente Duhalde y del poderoso aparato del justicialismo. Ante unas encuestas que le eran muy desfavorables, Menem anunció el 14 de mayo su retirada de la carrera presidencial, lo que decidió la inmediata proclamación de Kirchner como presidente electo. La teatral capitulación de Menem, al abortar el proceso electoral, no sólo perjudicó la legitimidad del nuevo jefe de Estado sino que amenazó las instituciones democráticas ya duramente afectadas por la violenta revuelta popular, alentada por los peronistas, que derrocó ilegalmente al gobierno del radical Fernando de la Rúa en diciembre de 2001.Antes de tomar posesión, el nuevo presidente visitó Brasilia y Santiago de Chile, donde obtuvo el respaldo de los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Ricardo Lagos, respectivamente, para lograr la recuperación económica continental con una base social de centroizquierda.
Primeros meses de gestión En su discurso de investidura, Kirchner reafirmó el papel central del Estado en el desarrollo económico, prometió una lucha «implacable» contra la corrupción y abogó por un reforzamiento del Mercado Común del Sur (Mercosur), que asocia a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Tratando de afirmar su autoridad y superar la crisis institucional y de confianza provocada por la retirada de Menem, con sus primeras medidas como jefe de Estado sorprendió a los argentinos al decretar el retiro de la mitad de los generales y almirantes, proceder a una amplia purga en la policía federal, sospechosa de corrupción, y abrir los archivos secretos sobre el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelí Argentina (AMIA) en Buenos Aires, que causó la muerte de 95 personas e hirió a varios centenares en julio de 1994. También anunció su propósito de jubilar a varios de los jueces del Tribunal Supremo.
Los dos problemas esenciales, sin embargo, eran la renegociación de una deuda pública de 144.400 millones de dólares y el combate contra una pobreza que afectaba al 60% de los 37 millones de ciudadanos. Sus primeras palabras sobre los planes económicos fueron mal recibidas en los círculos financieros internacionales, pues aseguró que los acreedores del Estado argentino deberían aceptar una pérdida de su capital, una reducción de los tipos de interés y una prolongación de varios decenios en los plazos del reembolso. El horizonte político distaba mucho de estar despejado. Si Menem parecía haber cavado su propia fosa política, Kirchner podría tropezar con las ambiciones y los intereses del ex presidente Duhalde, su padrino político, que mantenía intactas sus redes caciquiles en el Gran Buenos Aires. En respuesta a los que lo presentaban como un mero delegado de su predecesor en el fracturado partido peronista, aseguró que tenía las manos libres y que no haría «ningún pacto con el pasado». Tras asistir a la Cumbre del Mercosur en Asunción, el 18 de junio, Kirchner realizó una gira en julio por varias capitales europeas. En Londres asistió a la conferencia cumbre de la Tercera Vía auspiciada por el primer ministro, Tony Blair, y en Madrid mantuvo una controvertida reunión con los empresarios españoles, a los que reprochó su comportamiento tras la privatización de las empresas públicas en la época de Menem. Los responsables de las empresas de los servicios públicos, por su parte, se quejaron de la espectacular caída de las tarifas, debido al fin de la paridad del peso con el dólar, y reclamaron un alza del 65%, requisito imprescindible para mantener y ampliar las inversiones que necesitaba el país para recuperarse de cuatro años de recesión. Tras la decisión de un juez federal que ordenó la detención de 46 militares y civiles acusados de delitos de lesa humanidad en otros países y reclamados por el juez español Baltasar Garzón, el presidente Kirchner derogó en julio de 2003 un decreto firmado por el presidente De la Rúa en diciembre de 2001 que prohibía la extradición de los militares nacionales reclamados por otros países y acusados de crímenes de lesa humanidad. Luego presionó y consiguió en agosto que las dos Cámaras del Congreso anularan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (1986 y 1987) y sus secuelas de impunidad para los autores y cómplices de las atrocidades del régimen militar.
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