Brigada anticorrupción

Fuente: El País

Sobornos, comisiones, cohecho... Son las fórmulas más comunes de corrupción que suelen derivar en delitos como el blanqueo de capitales. Los partidos políticos, las administraciones públicas, las empresas y el poder legislativo son las instituciones percibidas como más corruptas del mundo por los ciudadanos.
La organización no gubernamental Transparencia Internacional elabora anualmente un barómetro internacional en el que la empresa no sale indemne, es otra de las protagonistas de estas execrables prácticas universales. En mayor medida, aquellas que trabajan en los sectores de contratos y construcción de obras públicas, desarrollo inmobiliario, petróleo y gas, manufactura pesada y minería. Si no, que se lo digan a la compañía francesa Alstom, que esta semana ha visto cómo tres de los principales ejecutivos de su filial inglesa han sido detenidos, acusados de practicar sobornos, blanqueo de dinero y falsedad contable para ganar contratos de suministro ferroviario.
"El nivel de tolerancia a la corrupción está disminuyendo. Los países están poniendo medidas para evitarla. Si en 2004 se investigaba a una decena de empresas en Estados Unidos, el año pasado esta cifra llegó a 130 compañías, americanas y extranjeras, y para 2010 se ha dotado de mayores recursos al Departamento de Justicia para continuar con la vigilancia. Además, desde 2009 se "premia" a las empresas que prevengan estas prácticas mediante códigos de conducta, formación y mecanismos de control interno. También Alemania ha aprobado una ley anticorrupción que sigue esta línea, y Reino Unido está a punto de hacerlo", explica Rafael Jiménez-Gusi, socio responsable de Corporate Compliance de Baker & McKenzei.
De hecho, a principios de este mes, el contratista militar británico BAE Systems ha pagado cerca de 300 millones de euros de multa al declararse culpable en Estados Unidos del pago de sobornos y falsear documentos para conseguir contratos de armas.
Pero las malas condiciones económicas no ayudan a erradicar la corrupción empresarial, dice Ricardo Noreña, socio responsable de Forensic de Ernst & Young. Más bien al contrario, según la encuesta realizada por la consultora en 2009 entre 2.200 trabajadores de 22 países europeos. El 80% de los encuestados cree que la dirección de su compañía puede "tomar atajos" para lograr objetivos en una situación económica difícil, y casi un 40% justifica los pagos en metálico para penetrar en nuevos mercados o lograr contratos si ello ayuda a la supervivencia de la firma.
"En España, prácticas como el pago de comisiones o la elección del pago con o sin factura, y sobre todo la cultura del amiguismo, son más normales que en otros países de nuestro entorno. Como cualquier otro tipo de fraude o corrupción, van contra la libertad de los mercados y contra el desarrollo económico de los países en vías de desarrollo, que son los más corruptos, si bien son los desarrollados los que más los corrompen", añade Noreña.



La reforma en curso del Código Penal español introduce algunas medidas anticorrupción, más tímidas que en otros países, en opinión de Jiménez-Gusi, pero importantes. "El borrador establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No sólo se condenará a los empleados, sino también a las propias compañías. El hecho de que las organizaciones sigan programas antifraude será un atenuante. El texto introduce delitos nuevos, como la corrupción de particular a particular, que está absolutamente extendida y, sin estar tipificada, no se puede perseguir", mantiene Ricardo Noreña.