Fuente:
La Vanguardia
8 de octubre de 2011
8 de octubre de 2011
La
justicia de Brasil dio ayer una alegría a miles de brasileños
indígenas del Amazonas, que durante tantos años han
sido perseguidos y expulsados de sus tierras por los avances de la
construcción.
Un
histórico falló de la justicia brasileña logró
paralizar la
construcción de una gran represa.
Lo relevante de la resolución es que la obra ya había
recibido todas las aprobaciones de los organismos estatales. De hecho
había sido apoyada por el ex-presidente Lula da Silva.
La
obra demanda inversión de más de 11.000 millones de
dólares y planea inundar 500 kilómetros cuadrados de
selva.
La
represa, que sería la tercera mayor en el mundo, ha generado
críticas de ecologistas, campesinos e indios, que temen la
degradación de uno de los principales afluentes del Amazonas.
Un
juez del Tribunal Federal del estado brasileño de Pará
ordenó hoy la suspensión inmediata de la licencia que
autorizaba el comienzo de las obras de la gigantesca central
hidroeléctrica de Belo Monte en la selva amazónica.
La
construcción de la represa, que será la tercera mayor
del mundo con una capacidad máxima de 11.233 megavatios, ha
generado numerosas críticas de ecologistas, campesinos e
indios, que temen por la degradación del río Xingú,
uno de los principales afluentes del Amazonas.
El
dictamen también prohíbe la transferencia de fondos a
las constructoras por parte del Banco Nacional de Desarrollo
Económico y Social (BNDES), el banco de fomento del gobierno
brasileño, que aportará el 80 por ciento de los
recursos, informó el Tribunal en un comunicado.
El
juez Ronald Desterro argumentó que el Instituto Brasileño
de Medio Ambiente (Ibama) concedió la licencia previa el
pasado 26 de enero sin que se hubieran cumplido 29 condiciones y sin
que las constructoras hubieran aportado información sobre
otras 33 cuestiones a las que tendrían que haber respondido.
Entre
las condiciones previas que no se habían atendido se
encuentran las medidas para garantizar la navegabilidad de los ríos
de la región, los programas de apoyo para las poblaciones
indígenas afectadas y los planes para la recuperación
de las zonas degradadas.
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| la presa en cuestión |
"En
todas las etapas de la concesión de licencias el Gobierno está
faltando el respeto a la Constitución y a las leyes
ambientales, con la ayuda del Ibama, que se ha convertido en un
órgano técnico que cede a las presiones políticas",
denunció el fiscal Felicio Pontes, promotor de la demanda.
La
Fiscalía denunció que no sólo se han incumplido
las reglas para la concesión de la licencia ambiental, sino
que se han manipulado los números presentados en el estudio
del proyecto, que a su juicio es inviable.
La
estatal Eletrobras, una de las constructoras que levantará el
proyecto, calcula que deberá dejar pasar un volumen de agua de
4.000 metros cúbicos por segundo para evitar grandes daños
al medio ambiente, la mitad de lo que el Ibama propone.
Pero
según los peritos de la Fiscalía, el caudal del río
Xingú no es suficiente para alcanzar el volumen mínimo
de agua que necesitaría Belo Monte para producir energía
y lograr ese excedente.
En
los últimos 35 años el Xingú no llegó al
mínimo exigible para generar energía en el 70 por
ciento del tiempo y sólo superó ese límite en
épocas de grandes crecidas, según estudios que maneja
el Ministerio Público.
En
el Xingú viven 372 especies de peces, que estarían
amenazadas de extinción si se construye la hidroeléctrica,
asegura el documento.
El
proyecto de Belo Monte se remonta a 1979 y fue recuperado por el
Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que lo licitó en
abril del año pasado.
Además
de su posible amenaza al medio ambiente, exigirá inundar una
área de 506 kilómetros cuadrados de selva y desplazar a
cerca de 50.000 indios y campesinos.
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